Después de diez meses de la anunciada segunda reforma agraria que ofreció el presidente Castillo, el Gobierno recién se dispone a aprobar un proyecto de ley que regule dicha reforma, pero que a la vez modificaría el esquema bajo el cual se desarrolla la inversión privada en el sector agroindustrial y agroexportador. Según expertos, ello llevaría a restringir esa actividad, supuestamente con el fin de favorecer a la pequeña agricultura.