Comprensiblemente, la dramática situación que se vive en el gobierno nacional ha capturado buena parte de la atención de la ciudadanía. Después de todo, es la primera vez que un presidente en ejercicio es investigado durante su mandato y los potenciales crímenes sobre los que inquiere la fiscalía son bastante serios.Sin embargo, posiblemente el evento político más relevante de los siguientes meses serán las elecciones regionales y municipales. Y si la representación nacional, a través del Ejecutivo y el Legislativo, adolece en general de falta de cuadros políticos probos y preparados, la representación local parece encaminada a emular las mismas taras.De acuerdo con un informe de la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio (ECData) publicado ayer, 1.403 candidatos consignan haber tenido sentencias judiciales. En otras palabras, uno de cada ocho aspirantes a liderar gobiernos regionales y alcaldías provinciales y distritales tiene antecedentes de tipo penal o civil.