El presidente Alan García ha anunciado una serie de medidas que denotarían la voluntad del Gobierno de relanzar el proceso de descentralización. Esto es positivo y merece el respaldo ciudadano, ya que se trata de un aspecto fundamental de la postergada reforma del Estado.Las propuestas incluyen la transferencia a los gobiernos regionales de funciones, activos y recursos por 3.500 millones de soles, así como una serie de medidas para ampliar la gestión de las municipalidades a áreas como la educación y la salud, mediante interesantes planes piloto. También se considera la transferencia de programas de apoyo social y la exoneración de impuestos para promover no solo la obra edilicia en el interior, sino también a las empresas industriales que se establezcan en zonas altoandinas.No hay duda de la urgencia de tomar medidas para poner fin al histórico y nefasto centralismo limeño, que se expresa tanto en las decisiones políticas cuanto en el dinamismo económico, y cuya otra cara de la medalla es la dependencia y la pobreza de millones de peruanos en el interior.Por lo mismo, sin desmerecer lo positivo de los anuncios --que se dan a escasas semanas de los comicios regionales y municipales--, debemos llamar la atención sobre algunos atisbos de improvisación, falta de seriedad y hasta quizás de una velada intencionalidad de mantener algunas parcelas para el manejo partidario.Por ejemplo, ¿cómo es posible que el presidente del Consejo Nacional de Descentralización no esté informado puntualmente de estos anuncios? ¿Qué cambio es aquel por el que simplemente se transfiere, del Gobierno Central a las regiones, la potestad de designar a directores regionales a dedo, en vez de instaurar un sistema de concursos públicos para evitar irregularidades, ineficiencia y caudillismo? Luego, es preocupante que se insista en transferir Enaco al gobierno regional del Cusco, cuando es obvio que se trata de una empresa de envergadura nacional y vinculada a un delicado problema con matices sociales, violentistas y hasta de carácter internacional. Es más, respecto de este asunto, la actual autoridad regional cusqueña ha tenido una posición polémica, por lo que la decisión tiene que ser revisada objetivamente y sin sesgos de ningún tipo. Otro tema importante, pero al que no se le ha dado la debida prioridad, es la escasa capacidad de las regiones y municipalidades de manejar recursos y elaborar proyectos, como lo demuestran las cifras del uso del canon . Tampoco se ha incidido en promover la generación de recursos propios por parte de dichos gobiernos, lo que implicaría cambios en la legislación tributaria; ni se hace hincapié en la necesaria fiscalización del uso de recursos ni en la urgencia de fusionar regiones.En tal escenario, saludamos la voluntad descentralizadora del Gobierno, pero debemos advertir que para llevarla a buen puerto se necesita elaborar un plan integral, estratégico y operativo, con análisis de costos y beneficios, y cuya ejecución sea gradual y supervisada. Cambiar el mapa político del Perú, para desterrar la exclusión, es una empresa trascendental que no admite postergaciones pero tampoco improvisación.