Una buena ley o norma trata de reducir la desigualdad de poder entre el empleador y el empleado. Es evidente que ambos deben buscar el beneficio mutuo. Si el empleado está feliz, será más productivo para la empresa. Si la empresa es respetada por el empleado, podrá crecer trayendo beneficios para todos.Sin embargo, cuando un gobierno inclina la cancha a uno u otro lado, comete un grave error, dado que lo único que logra es afectar a ambas partes. Si las normas debilitan a la empresa, la empresa tendrá más cuidado en contratar trabajadores, o intentará reducirles los beneficios suponiendo que luego querrán "chantajearla" con reclamos y quejas.El Gobierno acaba de cometer este error, pero no es involuntario, es un "error" muy voluntario que responde a un plan perfectamente desplegado desde el inicio del gobierno de Castillo, señala la Asociación de Contribuyentes.