El reglamento que restringe la contratación de personal tercerizado en las áreas nucleares de los negocios entrará en vigencia el 23 de agosto. Ante la cercanía de este hecho, y debido a los cuestionamientos que ha desatado la medida, diversas empresas vienen tomando acciones legales para evitar ser impactadas negativamente por los efectos de ella.En primer lugar se encuentran las demandas de acción popular, que cuestionan el reglamento por sus presuntos vicios de inconstitucionalidad. Según Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, hay al menos 10 demandas de este tipo interpuestas en Lima.