El contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano se dio por terminado en el 2017, sin que se haya podido completar su construcción, afectando el proceso de masificación del gas natural. Desde esa fecha, el Estado (a través del Osinergmin) paga anualmente cerca de US$ 40 millones por la preservación y mantenimiento de los activos existentes (ductos y equipos) que no son de propiedad del Estado. A la fecha, se ha pagado más de US$ 200 millones por su preservación. ¿Hasta cuándo se seguirá pagando sin tener claridad sobre lo que se va a hacer con ellos?Asimismo, dos de los accionistas del concesionario iniciaron arbitrajes internacionales contra el Estado exigiendo se les retribuya el valor de lo invertido en los activos (aproximadamente US$ 2 mil millones). ¿Qué sucedería si el resultado es desfavorable para el Estado y nos vemos obligados como país a pagar sumas millonarias por este concepto?
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