El proyecto de ley que alista el Gobierno para modificar la Ley General del Ambiente, que podría revocar la concesión o licencia de operación a empresas petroleras o mineras, u otras que puedan generar impactos ambientales, añade mayor incertidumbre a las inversiones que requiere el país, según gremios del sector.Para Carlos Gálvez, director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), dado el clima de desconfianza que ha generado en el sector empresarial privado el gobierno de Pedro Castillo, a través del mencionado proyecto de ley perfectamente podría estar buscando que la normativa medioambiental permita revocar concesiones y tomar el control de las actividades extractivas, ya que por la vía de expropiación no lo podría hacer.
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