Ayer la nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha dado otra muestra de que, bajo su liderazgo, el Ministerio Público está dispuesto a ponerse a la altura del reto que tiene por delante ante la abundancia de indicios de corrupción relacionados con este gobierno. A la determinación de continuar con la decisión, adoptada originalmente por el fiscal Pablo Sánchez, de investigar al presidente Pedro Castillo por su presunta participación en la red criminal que orientaba licitaciones desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de crear un equipo especial para luchar contra la corrupción en el poder, ella ha sumado ahora la de dejar sin efecto la suspensión de la investigación al actual mandatario por el presunto delito de tráfico de influencias en el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas.