La amenaza del Ministerio de Trabajo (MTPE) contra quienes intenten "afectar" el Decreto Supremo 001-2022-TR, que limita severamente la tercerización laboral, es inaceptable. La bravata, sin ningún fundamento jurídico, se extiende además a los magistrados del Poder Judicial que se atrevan a otorgar medidas cautelares u otros recursos legales en favor de los afectados por la norma.Según el insólito comunicado, el Ministerio de Trabajo podría recurrir incluso a "drásticas acciones en la vía penal y disciplinaria" para sancionar a los funcionarios insumisos (¿a qué se referirán con lo de "drásticas acciones disciplinarias"? ¿será una alusión a los chicotes de los ronderos?). Desde los tiempos de dictaduras civiles o militares no se sabía de un intento tan grotesco de intimidación del Ejecutivo hacia la autonomía del Poder Judicial.