En febrero de este año, la exministra de Trabajo Betssy Chávez y el presidente Pedro Castillo, publicaron un reglamento (D.S. 001-2022-TR) que prohíbe a las empresas, desde el 23 de agosto de este año, contratar a terceros para la ejecución de "actividades nucleares". El Gobierno señaló que este cambio es necesario para ingresar a la OCDE, que habría discriminaciones entre trabajadores de la contrata y la empresa principal y que hay precariedad e incumplimientos.En el Congreso hay dos proyectos: uno para confirmar y ampliar esta limitación y otro para derogarla. Todo indica que esta semana será decisiva. El Congreso tiene la oportunidad de restablecer la constitucionalidad en el país, respetar la legalidad e impedir que se imponga una traba importante para la generación de empleos formales y se evite nuevas salidas de trabajadores de nuestro alicaído mercado laboral. Hemos revisado los países que integran la OCDE y solamente uno (México) tiene limitaciones a la tercerización. Los países reconocen la importancia de las empresas que desplazan personal a sus clientes para ejecutar actividades que generan eficiencia y productividad (menos costos, más célere y sin mermas). Empresas de salud, infraestructura, minería, banca, educación, hidrocarburos, logística, consumo masivo, etc. contratan a empresas especializadas. Hasta el propio Estado terceriza.Si se impide la tercerización, se generará automáticamente la pérdida de especialización y tecnología y será más caro y menos atractivo para las empresas apostar por el Perú. Además, cuando menos, todo el personal que no pueda ser tercerizado sería liquidado y no pasaría a la empresa principal (por ejemplo, los trabajadores de áreas administrativas), señala Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama.
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