Dos semanas después de que el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley 25082021-PE, que propone penalizar la difusión de información reservada vinculada a una investigación penal, el Ejecutivo remitió ayer el texto al Congreso para su análisis y debate. El documento lleva las firmas del presidente Pedro Castillo y del jefe del Gabinete, Aníbal Torres.En la iniciativa, a la que tuvo acceso El Comercio, el Ejecutivo plantea que se incorpore el artículo 409 C al Código Penal, a través del cual se establecen tres tipos de sanciones. Entre ellas, entre 1 y 2 años de prisión para "el agraviado, imputado, abogado o cualquiera de las partes comprendidas" en una pesquisa que "proporcione o difunda" información reservada del proceso.