El anuncio de que el Ejecutivo se disponía a presentar al Congreso un proyecto de ley que buscaría convertir en delito la divulgación de información reservada en investigaciones penales encendió recientemente las alarmas en la prensa y en la opinión pública. El propósito, se temía, era intimidar a quienes estaban en posición de difundir datos incómodos sobre los problemas legales en los que pudieran estar involucrados quienes ostentan el poder.