Tras la publicación de una reforma constitucional, tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como la Controlaría tendrán ahora herramientas más eficaces para luchar contra el lavado de dinero y la corrupción.La ley promulgada por el Congreso, que modifica el inciso 5 del artículo 2° de la Constitución, permite que esas instituciones puedan acceder directamente, sin necesidad de un juez, al secreto bancario y reserva tributaria de personas y empresas investigadas.La UIF y Contraloría habían reclamado estas facultades de información por años.