Entrevista a José Ugaz, exprocurador anticorrupción.El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que busca sancionar hasta con cuatro años de prisión a los jueces y fiscales que filtren información sobre una investigación penal en curso. ¿Cuáles son los peligros que conlleva esta iniciativa? No se puede sacrificar el derecho a la libertad de expresión y de estar informados por una alegada necesidad de mantener la reserva del proceso penal, más aún sí existen previsiones disciplinarias para sancionar a jueces, fiscales o funcionarios que incurran en filtraciones. […] Desde mi punto de vista, [este proyecto] es a todas luces inconstitucional.