Ayer, desde estas páginas, advertíamos respecto de la intención del gobierno de sancionar destapes periodísticos que le sean incómodos, y del talante poco democrático que ello demostraba del presidente Pedro Castillo y su equipo. Precisamente, en la medida en que esto último se trata -queda ya claro- de un rasgo característico del gobierno, es solo esperable que otros esfuerzos de cooptación institucional sigan el mismo patrón.Uno especialmente grave es el relacionado a la Procuraduría General del Estado (PGE), institución que defiende los intereses del Estado ante casos de corrupción y similares. A pesar de estar adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), la PGE debe ser un ente autónomo del poder político y con suficiente independencia para representar al interés público, aun cuando el implicado en un potencial crimen sea una alta autoridad. Y, sin embargo, son cada vez más los indicios de su captura parcial por parte, precisamente, de quienes están hoy investigados.