Representantes de instituciones consultados por El Comercio consideraron que el anunciado proyecto de ley del Ejecutivo que busca que se sancione hasta con 4 años de prisión efectiva la difusión de información reservada en una investigación penal constituye una amenaza a las libertades de opinión y expresión, y al derecho a la información.Adriana León, representante del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), dijo que en lugar de buscar que se resguarde la seguridad de las investigaciones, la iniciativa del Gobierno "es una amenaza política"."A partir de las declaraciones de [Aníbal] Torres y el ministro de Justicia, Félix Chero, consideramos que es una amenaza política, una amenaza a la libertad de prensa y al derecho a la información", añadió.(Edición domingo).