Desde su designación a fines de febrero pasado con una resolución firmada por el presidente Pedro Castillo y el entonces ministro de Justicia, Ángel Yldefonso, poco se sabe sobre la procuradora general del Estado, María Caruajulca Quispe, respecto de actividades públicas o medidas impulsadas por su gestión.Sin embargo, fuentes de El Comercio han advertido de decisiones y actitudes internas de la abogada que debilitarían a la institución, cuya función es regular, supervisar, orientar, articular y dictar lineamientos para la adecuada defensa de los intereses del Estado.