Los empleados públicos que denuncien en forma sustentada hechos ilegales, irregulares o arbitrarios en sus instituciones serán recompensados con un porcentaje de la multa que el Estado imponga a los infractores.Así lo indicaron el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Édgard Reymundo (UPP), y el vocero de la bancada aprista, Javier Velásquez Quesquén, quienes coincidieron en señalar que el pleno del Congreso buscará este jueves aprobar una ley para estimular este tipo de denuncias, así como la protección del denunciante, mediante el anonimato."El proyecto es una iniciativa de la Contraloría de la República que, por unanimidad, mi grupo de trabajo aprobó hace dos semanas. Los parlamentarios de UPP votarán a favor de la norma cuando se discuta en la próxima sesión del pleno", refirió Raymundo.Velásquez señaló que la bancada del Apra votará a favor de esta iniciativa, pues esta se enmarca dentro de la campaña de valores que promueve el Gobierno."Las denuncias también las podrán presentar ciudadanos que tengan pruebas de algún hecho delictivo o de mala gestión administrativa. Lo que se quiere es que haya una cultura de transparencia, honestidad y servicio con los intereses del Estado", dijo.