Desafortunado e inoportuno, además de inviable, es el proyecto de reforma constitucional presentado por el congresista aprista Javier Velásquez Quesquén para delegar más poder al Jurado Nacional de Elecciones, disolver la ONPE y reorganizar el Reniec.Llama la atención que, de pronto, la bancada del Apra impulse una iniciativa que ya se presentó en el gobierno anterior y que fue desestimada por inconveniente, incluso por el mismo partido. ¿Qué ha cambiado ahora para, ad portas de un proceso electoral complicado, iniciar un debate que puede enrarecer la credibilidad en las instituciones electorales? ¿Por qué concentrar en el JNE la toma de todas las decisiones del sistema, incluyendo la realización de los comicios y al mismo tiempo su fiscalización?En esto hay que ser muy claros: el JNE no puede pretender ser juez y parte en el proceso electoral, como señalamos en nuestras Propuestas para una Agenda de Gobierno 2006.Evidentemente, el sistema electoral necesita ajustes y debe ser perfeccionado sobre la base de su actual estructura: el JNE como primus inter pares o ente supremo que funciona como el gran árbitro fiscalizador sobre dos instituciones autónomas, la ONPE como organizadora de los procesos electorales y el Reniec, encargado de la fiabilidad de la identificación ciudadana. Hay que modificar la Constitución para reservar al JNE las funciones de un tribunal jurisdiccional, pero asimismo la ONPE y el Reniec deben gozar de plena autonomía: la primera para asumir técnicamente la organización de los comicios y el segundo para mantener un registro electoral actualizado y confiable. Preocupa que la bancada aprista propicie un debate que no apunta al problema de fondo, es decir, a modernizar el sistema electoral, sino a otros fines que podrían ser incluso oscuros. ¿Dónde se ha visto, por ejemplo, que un proyecto de reforma constitucional señale el cese de funcionarios de los organismos que se pretende anular?