El dictamen aprobado por la Comisión de Economía refiere que el Decreto Supremo N° 0012002-TR vulnera la Constitución, en la medida que atenta directamente contra tres derechos fundamentales. El primero es la libertad de contratación, recogido en los artículos 2,14 y 62 de la Constitución, el cual tiene como fundamento el principio de autonomía de la voluntad. El segundo es el derecho a la propiedad, recogido en los artículos 2 y 70 de la Constitución. Y el tercero es la libertad de empresa, recogido en el artículo 59.