La negativa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a aplicar la contrarreforma electoral resulta una justificada respuesta a las bancadas de oposición que impulsaron esa norma, pues esta amplía, de modo inconstitucional, el plazo de inscripción de precandidatos para las elecciones 2022 y obliga a realizar ‘elecciones internas complementarias’.La Defensoría del Pueblo recalcó que la mencionada contrarreforma modifica las reglas de las elecciones internas y "pone en riesgo la seguridad jurídica con que debe contar todo proceso electoral, y que implica mantener las reglas y principios que las rigen de principio a fin, por lo que alterarlas perjudica este pilar fundamental de todo proceso electoral".