Al presidente Pedro Castillo se le han abierto tres investigaciones por su presunto involucramiento en tres distintos delitos, pero dos de ellas han sido suspendidas hasta que su mandato haya culminado. La exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, efectivamente, dispuso en su momento que aquellas que tenían que ver con los casos Puente Tarata III y los ascensos militares quedaran interrumpidas hasta el 28 de julio del 2026 o cualquier otra fecha previa en la que el actual mandatario dejara el poder. Lo hizo de acuerdo con una interpretación del artículo 117 de la Constitución, que protege a cualquier jefe del Estado en funciones de la posibilidad de ser acusado, salvo que haya incurrido en determinadas faltas muy graves y taxativamente indicadas en el texto. Tal interpretación consiste en asumir que el impedimento de investigar se deriva del impedimento de acusar, una posición jurídica que tiene partidarios y objetores.