Al gobierno del presidente Pedro Castillo y sus aliados políticos les es incómoda la manera en la que el poder está distribuido. Eso lo dejaron claro desde la campaña electoral del año pasado. Los motivos son, básicamente, dos. El primero es que existen diferentes organizaciones que, por su naturaleza, escapan al control del gobernante de turno. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República y la prensa independiente, cuatro instituciones ajenas al control partidario y que, en consecuencia, en algún momento reciente Perú Libre ha amenazado con cerrar o limitar. El segundo motivo es que las reglas de juego que rigen en el país distribuyen el poder también a través de libertades políticas y económicas para la ciudadanía. Y el Gobierno, sabemos, no es un entusiasta de ninguna de las dos.(Edición domingo).