El Congreso dio el primer paso para que las empresas con ejecutivos condenados no puedan contratar con el Estado. Por mayoría, la Comisión de Justicia aprobó el proyecto de ley que impide a las personas jurídicas o empresas cuyos representantes legales o personas vínculadas que sean condenadas, en el país o el extranjero, licitar en la esfera pública.