Tras la revelación de chats que evidenciarían que el ministro de la Producción, Jorge Prado Palomino, ejerció presión para la contratación de algunos allegados a congresistas de Acción Popular (AP), la Defensoría del Pueblo solicitó una investigación del presunto intercambio de favores. La institución mostró su preocupación por la inadecuada relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.