El sistema de balance democrático funciona adecuadamente en la medida en que un poder del Estado enmiende los excesos u omisiones de otro. En los últimos años, de hecho, se han visto numerosos ejemplos de controles entre instituciones públicas que han servido para corregir equivocaciones obvias.Nada de esto, sin embargo, sucedió con la reciente exoneración del IGV a ciertos productos alimenticios. En un contexto de inflación creciente y movilizaciones sociales, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para tal fin, que incluía una lista de alimentos de la canasta básica y su cadena de producción por un período de tres meses. Los legisladores, lejos de acotar la medida para hacerla más compatible con los compromisos fiscales del país y más efectiva sobre la población vulnerable, hicieron lo contrario: expandieron de manera innecesaria su alcance y duración, incluyendo a productos que no pueden considerarse de primera necesidad (como el lomo fino o los ravioles). Así, lo que ya era una idea debatible la convirtieron en una muy difícil de justificar.