Uno de los puntos negros que más marcan al Gobierno del presidente Pedro Castillo, en ocho meses de gestión, son los 11 prófugos de la justicia que pertenecen a su familia y a su partido, Perú Libre Libre. Este hecho pone bajo sospecha so a las autoridades del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, así como al propio Ministerio Público.En opinión del exministro del Interior Rubén Vargas, esta situación "genera una enorme sospecha" debido a la relación y cercanía que los prófugos tienen con el Gobierno y el partido oficialista. "Por un lado, son miembros del partido de gobierno y, por otro, son familiares del presidente de la República", anotó para Correo.