Ayer, dos eventos concitaron la atención de las secciones de política de los medios nacionales. El más importante fue el debate de la moción de vacancia presentada contra el presidente Pedro Castillo y que, para el momento en el que se escribió este editorial, todavía se encontraba en desarrollo. El segundo de ellos, menos vistoso, fue la orden de detención preliminar por diez días aprobada por el juez Manuel Antonio Chuyo Zavaleta contra 11 personas en el marco de la investigación fiscal conocida como Caso Puente Tarata III.Sin duda, cada uno de los 11 nombres que aparecen en la resolución judicial son importantes para entender cómo así un consorcio que no cumplía con los requisitos estipulados por las bases de la licitación de la obra del puente Tarata sobre el río Huallaga ganó la buena pro ofertando apenas 27 céntimos menos que su competidor más cercano. Una adjudicación que, dicho sea de paso, terminó siendo anulada el pasado enero en medio de destapes sobre sus irregularidades. Lo que llama poderosamente la atención es que de los 11 requeridos por las autoridades solo se había logrado detener a tres hasta la noche de ayer. Y, peor aún, que entre los que se encontraban desaparecidos estaban los tres más cercanos al mandatario en toda la nómina: su ex secretario general Bruno Pacheco y sus sobrinos Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.