Bajo una cuestionada gestión gubernamental en marcha, el partido oficialista Perú Libre (PL) y el Gobierno han dado en los últimos días señales de que tienen en la mira a la contraloría, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional (TC). La situación no es menor considerando que durante su campaña de segunda vuelta, el hoy presidente Pedro Castillo tuvo un discurso en contra de distintas instituciones, planteando incluso desactivarlas.La legisladora oficialista Margot Palacios oficializó el lunes una denuncia constitucional contra el contralor Nelson Shack acusando la demora en el proceso de auditoría anual a Petro-Perú, aunque la entidad fiscalizadora señaló que el retraso se debió a desacuerdos entre la empresa estatal y una sociedad auditora que terminó retirando su propuesta.
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