Ante el inminente cierre de la presente legislatura congresal, debemos enfatizar la urgencia de abordar y aprobar, dentro de la agenda de la reforma constitucional, varios temas fundamentales relacionados con modificaciones en los poderes legislativo y judicial, actualmente bastante distanciados de la ciudadanía.Respecto del Parlamento es ineludible que esta semana se resuelva finalmente el postergado proyecto de retorno al sistema bicameral y la instauración de la renovación por tercios del Parlamento.Como ya se ha demostrado, la experiencia de los últimos años con el sistema unicameral no solo no ha contribuido a un mejor trabajo parlamentario, menoscabado por la escasa preparación de ciertos congresistas. También ha puesto en evidencia la necesidad de contar con una cámara reflexiva, representativa y revisora. A falta de ella, ha sido el Ejecutivo el que ha tenido que suplir dicha función, como lo señala la gran cantidad de proyectos observados y la magra calidad de los mismos.Sin embargo, hay que ser muy cautelosos a la hora de formular la bicameralidad. Por ejemplo, más que preguntarse con cuántos parlamentarios debe contar cada cámara, lo importante es definir mecanismos que aseguren la eficiencia, transparencia y fiscalización del trabajo legislativo, sin costos burocráticos innecesarios . La bicameralidad implica ajustar también el sistema de elección (y de partidos) para que quienes postulen al Senado sean personalidades de trayectoria profesional y ética. En lo mismo, debe analizarse la polémica decisión de incluir a ex presidentes como senadores vitalicios, sin pasar por el tamiz de las ánforas.En cuanto a la renovación por tercios es clara su viabilidad. Puede canalizar la voluntad democrática de los electores en determinadas circunscripciones y posibilitar la fiscalización directa de los representantes. En lo concreto permitiría que la tercera parte de las cámaras sea renovada o revocada por la población a través de elecciones.En lo que se refiere a la reforma judicial, es obvio que se necesita cambios urgentes en la Corte Suprema, no solo para reducir el número de vocales supremos sino también para evitar las interferencias que se dan entre su presidencia y la sala plena. Asimismo, hay que propugnar medidas para terminar con la descomunal carga procesal, con la lacra perniciosa del alto porcentaje de vocales y jueces provisionales y con un sistema de control y ratificación bastante mediocre y polémico, al centro del cual está el cuestionado Consejo Nacional de la Magistratura que debe ser reorganizado. Esto último es muy importante si queremos contar con jueces probos y eficientes que se pongan a la altura de su responsabilidad.Como se ve, se trata de algunas modificaciones que buscan modernizar el marco constitucional, reforzar la legitimidad democrática y mejorar los pésimos índices de credibilidad ciudadana de estos poderes del Estado, sobre todo del Congreso.El Parlamento debe entender que hay otros temas pendientes que también deberán resolverse en el mediano plazo, como por ejemplo, la municipalización de la policía, la formalización de un directorio de expertos que garantice una verdadera reforma de la educación más allá de la acción del gobierno de turno y el blindaje de las instituciones del Estado, a través de organismos de supervisión, que impidan que las primeras sean presa fácil de los populismos y manipulaciones de quienes ostentan el poder.