Hasta febrero, la Defensoría del Pueblo registró 66 conflictos socioambientales activos que involucran a empresas mineras, cantidad que se mantuvo en enero y que es mayor al promedio mensual de 60 conflictos de ese tipo que se registraban antes que asumiera este Gobierno. El caso más reciente es el que surgió en febrero último e involucra a mina Cuajone, de Southern, y en el que la Defensoría confirma que en ese periodo no hubo diálogo.