Gremios de pescadores y comerciantes de muelles y caletas de Ancón y el norte chico, afectados por el vertido de crudo que se produjo hace dos meses en una instalación de Repsol frente al mar de Ventanilla, reclaman a la empresa una mesa de diálogo porque no están de acuerdo con el bono de S/ 3.000 que la compañía española otorgará a los damnificados, con la aprobación del gobierno de Pedro Castillo.