Por mayoría, el Tribunal Constitucional declaró fundado un recurso de reposición presentado por la defensa legal de uno de los acusados en el caso El Frontón. La sentencia anula un fallo emitido en 2017 y, como tal, repone una resolución de 2013 que señalaba que este proceso -si bien se debía investigar por la gravedad de los hechos- no constituye delito de lesa humanidad.