Los integrantes de la Comisión de Constitución del Congreso no pueden alegar ignorancia o desconocimiento, pues no se trata de un tema nuevo. Hay, pues, lugar a la suspicacia respecto de las motivaciones, posiblemente politiqueras y oportunistas, que los habrían llevado a desempolvar un proyecto que, por su riesgosa inconstitucionalidad, fue rechazado por el pleno el año pasado. Según la comisión, el Tribunal Constitucional (TC) podrá revisar las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) "si considera que atentan contra los derechos fundamentales de la persona". Ello, en este caso, beneficia al vacado alcalde de Chiclayo, Arturo Castillo, quien fue repuesto por una controvertida acción del TC que ha creado una situación de permanente zozobra.Sin embargo, las cosas no terminan allí. Lo cierto es que, a pocas semanas de los comicios regionales y municipales, lo que la Comisión de Constitución está haciendo es abrir las puertas al caos y a la inestabilidad jurídica, política y social. ¿Se imaginan la cantidad de recursos que los candidatos tachados en su inscripción o perdedores en la votación podrían presentar ante cualquier juzgado? ¿Quién gobernaría las municipalidades y regiones mientras tanto? ¿Tendríamos que llegar, en miles de apelaciones, ante la Corte Interamericana de DD.HH.?Al respecto, tenemos que ser enfáticos para recordar que, de acuerdo con los arts. 178 y 181 de la Constitución Política de 1993, corresponde al JNE "administrar justicia en materia electoral" y sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva y no son revisables. Ya en la ocasión previa, el asunto quedó zanjado e incluso el presidente del TC, Víctor García Toma, hizo un tajante deslinde, al afirmar que su entidad respetará la competencia jurisdiccional, plena y exclusiva, del JNE en asuntos electorales.¿Han cambiado las cosas? No. La situación de fondo es la misma: No se puede ir contra el ordenamiento constitucional. Por una cuestión de coherencia, el pleno debe rechazar otra vez este proyecto tan absurdo y perturbador para la gobernabilidad democrática.