El decreto aprobado tiene vicios de inconstitucionalidad y además es ilegal, ya que un reglamento no puede limitar una ley. Eso va a llevar a que sea atacada por varios frentes: en procesos de amparo, que busquen inaplicarla, acciones populares, que busquen derogarla y procedimientos de barrera burocrática ilegal, que busquen invalidarla. Además, no podemos descartar que el Congreso evalúe un cambio o inclusive que el gobierno precise la norma dentro de los 180 días que se le han otorgado a las empresas para adecuarse. Sea el camino que sea, algo tiene que suceder y ojalá sea el gobierno el que reflexioné. Se supone que esta norma quiere atacar la informalidad, pero la realidad es que llevará a más desempleo, señala Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama.
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