La Defensoría del Pueblo advirtió que establecer un cerco policial con la intención de evitar que los periodistas cumplan su labor "constituye una restricción arbitraria a la libertad de prensa, así como la trasgresión de diversos estándares en materia de libertad de expresión".La institución demandó al Gobierno corregir estos actos de inmediato, pues todo funcionario público -agregó- debe tener la mayor tolerancia frente a expresiones que puedan resultar críticas.