Era claro, desde el inicio, que un gobierno de Perú Libre no sería favorable para el desarrollo de la minería en el Perú. En campaña, su retórica antiempresarial ganaba notables decibeles cuando hacía referencia a grandes inversiones extractivas. Sin embargo, una vez en el poder, sus primeros intentos por limitar el sector fueron solo medianamente exitosos.Rápidamente, el gobierno del presidente Pedro Castillo se vio forzado a limar mayores referencias a expropiaciones o nacionalizaciones imposibles bajo el actual marco constitucional. Su iniciativa para subir la carga tributaria, liderada por el MEF de entonces, tampoco llegó a buen puerto. De este modo, quizá la principal traba durante estos meses ha sido la negligencia con que ha venido gestionando los conflictos sociales alrededor del sector y manejando las expectativas de las comunidades. Por ejemplo, Las Bambas, en Apurímac, anunció que volvería a frenar operaciones en una semana si persistían los bloqueos.(Edición domingo).