En una misma semana y en medio de la severa crisis, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, -con respaldo del presidente Pedro Castillo- dio de baja a dos altos funcionarios que fueron contrarios a los intereses del Gobierno. Primero fue el procurador general del Estado (cuya salida es considerada ilegal), y la última víctima ha sido Susana Silva Hasembank, hasta ayer presidenta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).En la resolución suprema que da cuenta de su salida no se dieron mayores razones, solo que "resulta necesaria" su remoción. La justificación del titular del Minjus vino después, cuando hizo referencia al traslado del exmandatario Alberto Fujimori al penal de la Diroes de Ate, "contrario a lo dispuesto"."(Silva) Ha hecho volver a Fujimori a su cárcel dorada. Este es un acto de corrupción y de discriminación entre sentenciados", dijo Torres en Twitter a modo de excusa y no perdió la oportunidad para despotricar contra la prensa.(Edición domingo).