Las evidencias muestran que Daniel Soria Luján, hasta el martes último procurador general del Estado, fue destituido por móviles políticos, según el jurista y exministro de Justicia Víctor García Toma. Específicamente, por haberse atrevido a denunciar ante la Fiscalía de la Nación al presidente Pedro Castillo por el presunto delito de tráfico de influencias relacionado con la lobbista Karelim López y la adjudicación de Puente Tarata III (anulado). García Toma precisó que es "una arbitrariedad" del Ministerio de Justicia haber procedido a quitarle la confianza al procurador para despedirlo.