Una demanda de inconstitucionalidad. Esa sería la vía más factible, según expertos consultados por El Comercio, para intentar frenar el proyecto de ley recientemente aprobado por el Congreso, que propone el cambio en la conformación de los miembros del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), y que atenta contra la reforma universitaria.