La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) informó, en varias oportunidades, que los gobiernos regionales y municipales que reciben canon y regalías mineras ejecutan, en promedio, el 60% de los recursos presupuestados con estos fondos.Por ello, el 40% que se queda sin gastar debe ser distribuido directamente a las personas en condición de pobreza o pobreza extrema de las zonas de influencia de los centros de producción minero o gasífero, señaló la congresista Rosángella Barbarán de Fuerza Popular. Fue al sustentar ayer el proyecto de ley (PL N° 929/2021-CR) ante la Comisión de Economía del Congreso, que propone la entrega directa del canon, una de cuyas condiciones es que la persona que lo reciba tenga una residencia mínima de dos años en la localidad respectiva.
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