La semana pasada, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció la posibilidad de implementar topes a los precios de los medicamentos y pruebas de descarte relacionadas al COVID-19. Al margen de la viabilidad técnica de imponer precios máximos, esta propuesta desvía la atención del verdadero problema: la insuficiente capacidad del sistema de salud público para ofrecer efectiva y oportunamente las medicinas que sus afiliados necesitan.