Según un diagnóstico de la Gerencia General del Poder Judicial, de los 2.100 magistrados que laboran en las cortes del país, al menos la mitad ejerce la docencia en diversas universidades públicas y privadas.Sin embargo, ellos tendrían que dejar esa labor si el Ejecutivo decide promulgar el dictamen con el que se pretende reducir los sueldos de los vocales supremos, al homologarlos con el de los congresistas.Lo que pasa es que en el proyecto que aprobó el Congreso se entiende como sueldo los ingresos por todo concepto (incluido lo que se percibe por docencia) y no solo la remuneración.El presidente del Poder Judicial, Walter Vásquez, indicó que resultaría discriminatorio recortar la facultad de los magistrados de ser docentes, pues así está consagrado en el artículo 146 de la Constitución.Allí se establece que los magistrados están prohibidos de ejercer cualquier actividad pública o privada, salvo la enseñanza universitaria fuera de su horario de trabajo en la judicatura.