Finalmente parece que el Congreso de la República iniciará esta semana el debate para eliminar las prefecturas y subprefecturas, algo sumamente positivo para la descentralización del país.Sin duda, correspondía que esta medida se aplicara este año y no, como lo prevé el Legislativo, recién en febrero del 2007. No obstante, lo que sí nos parece peligroso es que la reducción de estos puestos públicos no incluya a los gobernadores y tenientes gobernadores que, según estimaciones preliminares, llegarían a cinco mil.Evidentemente, la desarticulación de las gobernaciones no solo se fundamenta en el ahorro que acarreará al fisco. Se justifica también en el cruce de sus competencias con las de los gobiernos locales y regionales, lo que ha suscitado frecuentes denuncias de injerencia e intromisión con tinte partidario. Como se sabe, estos puestos son políticos, lo cual no garantiza una designación idónea ni transparente. Más bien, además de engrosar la planilla estatal, se han convertido en operadores políticos sobre todo en épocas electorales. Es por ello necesario que el Gobierno cumpla lo que prometió y erradique prefecturas y también gobernaciones en el plazo más corto.En principio, si desaparecen los prefectos no hay razón para mantener a los gobernadores, pues estos no tendrían a quien reportar. Voceros del Gobierno han señalado que la Dirección General de Gobierno del Ministerio del Interior --otro cargo político-- debería asumir la tarea de centralizar las demandas de 1.830 gobernadores y de tres mil tenientes gobernadores. ¡Qué tal absurdo!Por eso, lo adecuado y pertinente es que el Congreso no dé más largas al asunto y de una vez suprima todos estos cargos políticos. Mejor aun, la coyuntura es propicia para iniciar la postergada reforma del Estado, aprobar una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de la Carrera Pública.De lo que se trata es de honrar la promesa de reordenar el aparato estatal, aun cuando ello implique perder poder, actitud que pocos gobiernos maduros, responsables y estadistas están dispuestos a asumir para beneficio del país.