El Estado ha dispuesto acciones penales civiles y administrativas, con el fin de cautelar el bienestar del país y asume también el papel de sancionar a los responsables del daño ecológico que se produjo tras el derrame de petróleo en el litoral de Ventanilla.Así lo aseguró el presidente Pedro Castillo, en su cuenta en Twitter, en la que también condenó el desastre ambiental ocasionado por la refinería La Pampilla, a cargo de la empresa Repsol.