La semana pasada, el Congreso de la República aprobó un dictamen que establece requisitos mínimos para la designación de funcionarios de confianza. Si bien existen miles de servidores públicos competentes y probos, los cuestionados nombramientos en posiciones de alta dirección durante los seis primeros meses de gobierno han puesto nuevamente los reflectores sobre los problemas por los que atraviesa el servicio civil peruano para contar con gestores públicos íntegros y capaces de atender efectivamente los retos y las necesidades de la población.