"El Procurador General y los procuradores públicos actúan defendiendo los intereses del Estado y de sus instituciones. No son abogados defensores del gobierno de turno […]", se lee en un comunicado al que se adhirieron cerca de 60 procuradores públicos de todo el país, ante una posible destitución del procurador general del Estado, Daniel Soria.La alerta había surgido días antes. Luego de que Soria presentara una denuncia ante el Ministerio Público para que se inicie una investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por el Caso Provías, Eduardo Pachas, abogado del mandatario, declaró que el procurador no cumplía con los requisitos para el cargo. Tras ello, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, señaló que evaluaría el expediente del funcionario. Luego, sin embargo, Torres negó una eventual destitución y aseguró que sería la contraloría quien se encargaría de evaluar la idoneidad del funcionario.Las tensiones entre el Ejecutivo y la procuraduría no son nuevas. Si bien el decreto legislativo que crea la Procuraduría General del Estado señala que la entidad es autónoma, pues tiene la potestad de "ejercer sus funciones libre de influencias e injerencias", los intentos de interferencia del Gobierno en la labor de los procuradores ha sido frecuente.(Edición sábado).
- [El Comercio,Pág. 6-7] /