Tras años de debates, presiones políticas, idas y venidas, este gobierno ha decidido que la empresa estatal Petro-Perú retome aquellas actividades que como parte del proceso de privatización de los 90 le fueron quitadas: participar no solo en la refinación, sino también en la exploración y comercialización de combustibles. Y la idea es que de la mano de Petrobras u otras empresas extranjeras interesadas, Petro-Perú comercialice no solo gasolinas, sino también gas, etanol o biodiésel. Es decir, se le están abriendo las puertas para convertirse en una empresa energética y no solo petrolera. ¿Está eso bien?Como hemos informado en artículos previos, la mayoría de países de la región (también hay ejemplos en el mundo) permite la integración de sus empresas petroleras o energéticas, y la lógica detrás es básicamente la de lograr la independencia y seguridad energéticas. Y en un momento en el que se anuncia el fin de la era del petróleo y el surgimiento de nuevas fuentes de energía como el gas, resulta lógico que los estados se preocupen de tener una actitud proactiva en este campo.Uno de los cuestionamientos a esta posibilidad es: ¿por qué un país pobre como el Perú debe destinar recursos a una actividad que puede realizar el capital privado? Y la principal respuesta es que la seguridad energética se ha convertido en un elemento esencial para garantizar un desarrollo económico sostenible en el largo plazo. Lo sucedido en Brasil tras la nacionalización del gas en Bolivia y la preocupación en Chile por el desabastecimiento desde Argentina son muestras de ello.Dicho esto, no deja de ser válido que despierte preocupación que la principal empresa estatal alcance una dimensión que la convierta en una tentación de los gobiernos de turno, ya no solo para ser su caja chica, sino una bóveda muy atractiva. Las señales de corto plazo (directores nombrados y convenio con Consucode) alivian esta preocupación, pero no por ello hay que perderla de vista.(Edición domingo).
- [El Comercio,Pág. B 2] /