Otro debate que se inició en el pleno del Congreso fue el que plantea establecer requisitos más estrictos para la designación de funcionarios en cargos de confianza.La iniciativa contempla aplicarlos a los funcionarios públicos de libre designación y remoción, y personal de confianza de las entidades de la administración pública desde el Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios y organismos públicos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los gobiernos regionales y locales, organismos autónomos y empresas públicas.