Son tres las conclusiones que se pueden sacar del caso Las Bambas. Primero, que el Gobierno reaccionó tarde al cierre de la mina, ocasionado por el bloqueo de la vía por la que se traslada a trabajadores, mineral e insumos (el "corredor minero"). Segundo, como ha ocurrido con casi todos los gobiernos, se cedió a las presiones de las comunidades, pese a que apelaron a medidas que, al menos en el papel, son ilegales. Tercero, si bien se alcanzaron acuerdos, la amenaza de nuevos bloqueos sigue latente.Las Bambas, propiedad de la compañía china MMG, reanudó sus operaciones el 3 de enero, luego de haberlas paralizado el 18 de diciembre. Ello gracias a las negociaciones entre la PCM, MMG y las comunidades de la provincia de Chumbivilcas (Cusco) que exigen mayor participación en los beneficios económicos de la mina. La novedad que surgió del diálogo fue la creación de una Zona de Atención Especial (ZAE) que abarca catorce comunidades de seis distritos -se pueden sumar más, si lo solicitan por escrito-, que a través de empresas comunitarias se integrarán a la cadena de valor de la mina.
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